Debido a la profunda transformación digital que ha experimentado la administración pública en varios países, se ha vuelto necesario redefinir el concepto de jurisdicción dentro del entorno electrónico y establecer mecanismos de supervisión efectivos que permitan a los tribunales administrativos examinar la legalidad de las decisiones emitidas a través de plataformas digitales. El elemento de jurisdicción se ha expuesto a nuevos desafíos, particularmente la dificultad de identificar legalmente a la autoridad competente cuando se emite una decisión administrativa a través de una plataforma técnica o un sistema inteligente operado ya sea por gestión humana o de forma automática sin aparente intervención humana. El estudio se centró en examinar hasta qué punto las reglas legales tradicionales que rigen la jurisdicción siguen siendo aplicables a las decisiones administrativas electrónicas y si los marcos legislativos actuales son adecuados para regular tales transformaciones. Además, destacó deficiencias legislativas, falta de transparencia técnica y laxitud administrativa en la documentación de la fuente de decisiones, todo lo cual ha debilitado la supervisión judicial y abierto la puerta a abusos ilegales en la distribución de la autoridad administrativa. Aunque los tribunales administrativos poseen plena autoridad legal para escrutar la jurisdicción en decisiones electrónicas, la efectividad de dicha supervisión judicial depende de la disponibilidad de herramientas tecnológicas apropiadas y medios probatorios fiables. Entre los desafíos más prominentes que enfrenta el poder judicial se encuentran las dificultades para acceder a datos de operación digitales, la superposición de competencias dentro de sistemas técnicos y la falta de implementación de firmas electrónicas seguras. Estos problemas subrayan la necesidad de reformar las prácticas existentes y proponer alternativas legales viables.
Hiba Mohammed (Mon,) estudió esta cuestión.