Los puntos clave no están disponibles para este artículo en este momento.
La mayoría de los países africanos implementaron medidas para contener la propagación del COVID-19 durante 2020, como restricciones a la actividad empresarial y los viajes, cierres de escuelas y confinamientos prolongados en casa durante varios meses. Estas políticas restrictivas tuvieron consecuencias económicas y sociales adversas que desencadenaron una ola de intervenciones públicas expansionistas destinadas a mitigar estos efectos. Las medidas de protección social 'responsivas al shock' incluyeron el aumento de beneficios a los beneficiarios existentes (expansión vertical) y la inscripción de nuevos beneficiarios en programas existentes (expansión horizontal). Estos enfoques tenían la ventaja de ser rápidos y administrativamente simples, pero la desventaja de dejar de lado a las personas que se volvieron más vulnerables debido al COVID-19, en particular a los trabajadores despedidos y los informales sin acceso a seguros sociales. Por otro lado, la creación de nuevos programas de ayuda humanitaria o asistencia social temporal fue lenta y susceptible a errores de selección y corrupción. El COVID-19 también provocó una reevaluación del contrato social en relación con la protección social, con algunos gobiernos reconociendo que necesitan volverse mejor coordinados, más inclusivos y basados en derechos.
Stephen Devereux (Martes,) estudió esta cuestión.