Este artículo explora el papel de la academia como activista en la defensa de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Analiza cómo la investigación comprometida puede contribuir a las luchas territoriales y la justicia ecológica, a partir de tres estudios de caso en Ecuador: la incineración de residuos en Llano Grande, las familias de recicladores informales en Portoviejo y el conflicto por la extracción de petróleo en la Amazonía. Mediante metodologías basadas en la epidemiología participativa y la sistematización a largo plazo de colaboraciones entre la comunidad y la academia, el análisis muestra cómo los proyectos extractivistas generan daños físicos y devastación ecológica. A su vez, los estudios de caso ilustran cómo el activismo académico puede fortalecer la resistencia, generar evidencia para la justicia y coproducir estrategias de protección con las comunidades. La discusión sitúa estos hallazgos dentro de la investigación crítica latinoamericana sobre la determinación social de la salud, los derechos de la naturaleza y las epistemologías de la praxis. Concluimos que la defensa de la salud es inseparable de la defensa del territorio, y que el activismo académico no es opcional, sino un imperativo ético para las universidades en tiempos de crisis planetaria.
Ziegel et al. (2026) studied this question.